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Al comienzo del genocidio, varias facciones que pueden reunir en su seno movimientos divergentes se enfrentan en el espectro político regional.
Permitido desde 1991, el multipartidismo ha engendrado una fragmentación de la oposición democrática que sigue siendo minoritaria frente al principal partido en el poder y los movimientos extremistas racistas. El régimen en el poder, dirigido desde hace veinte años por el presidente Juvénal Habyarimana, se caracteriza por un juego político en línea de cresta y la persistencia de un doble discurso para hacer frente a presiones antagónicas por parte de actores con intereses divergentes (racistas extremistas y comunidad internacional en particular). El 21 de octubre de 1993, cuando militares tutsis asesinaron al presidente vecino de Burundi -el primer jefe de estado hutu elegido democráticamente- se inició una nueva escalada en la radicalización de los extremistas ruandeses.
Bajo la dirección de Froduald Karamira, las diferentes facciones extremistas racistas y sus milicias se reúnen bajo el estandarte del "poder hutu". Puesto que las disputas partidistas previas quedaron a un lado, el "Poder Hutu", apoyado por una propaganda de odio, promueve el adoctrinamiento y la preparación psicológica de la población para el genocidio.
Junto con estos actores locales, la posición de la comunidad internacional es decisiva. Presentes en el terreno a partir del mes de diciembre de 1993, las tropas de las Naciones Unidas reemplazan a las fuerzas francesas manchadas por su apoyo inquebrantable al régimen de Habyarimana en 1990.
Encargada de velar por la aplicación de los Acuerdos de Arusha, esta fuerza internacional llamada Misión de las Naciones Unidas para la Asistencia a Rwanda (UNAMIR) se despide deliberadamente del conflicto y abandona a los tutsis en su suerte.