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Al inicio del genocidio, varias facciones que pueden reunir en su seno movilizaciones divergentes se enfrentan sobre el tablero político regional.
Permitido desde 1991, el multipartidismo ha dado lugar a una fragmentación de la oposición democrática que, sin embargo, sigue siendo minoritaria frente al principal partido en el poder y a los movimientos extremistas racistas. El régimen actual, dirigido desde hace veinte años por el presidente Juvénal Habyarimana, se caracteriza por un juego político en línea de cresta y la persistencia de un doble discurso para hacer frente a presiones antagónicas por parte de actores con intereses divergentes (racistas extremistas y comunidad internacional en particular). El asesinato por parte de militares tutsis, el 21 de octubre de 1993, del presidente de Burundi vecino - primer jefe de Estado hutu elegido democráticamente - marca el inicio de una nueva escalada en la radicalización de los extremistas rwandeses.
Bajo la dirección de Froduald Karamira, las diferentes facciones extremistas racistas y sus milicias se reúnen bajo la bandera del «Hutu Power». Dejando de lado las disputas partidistas anteriores, el alineamiento del «Hutu Power» apoyado por una propaganda de odio favorece el adoctrinamiento y la preparación psicológica de la población para el genocidio.
Junto con estos protagonistas locales, la posición de la comunidad internacional desempeña un papel determinante. Presente sobre el terreno a partir del mes de diciembre de 1993, las tropas de las Naciones Unidas sustituyen a las fuerzas francesas manchadas por su indefectible apoyo al régimen Habyarimana en 1990.
Encargada de velar por la aplicación de los acuerdos de Arusha, esta fuerza internacional denominada Misión de las Naciones Unidas para la Asistencia a Rwanda (UNAMIR) se desvincula deliberadamente del conflicto y abandona a los tutsi a su suerte.