Memoria y justicia

Para colmar una carencia crítica de recursos humanos y materiales, el nuevo gobierno está comenzando a construir un nuevo sistema judicial capaz de manejar un número exponencial de arrestos que alimentan un flujo sin precedentes de prisioneros que se acumulan en los centros de detención. La imposibilidad material de juzgar individualmente a una masa tan importante de sospechosos lleva a los dirigentes ruandeses a instaurar, a partir de 2001, tribunales populares de inspiración tradicional, gacaca.
Estas jurisdicciones de proximidad, presididas por jueces elegidos en sus comunidades, instruyen en 10 años casi 2 millones de casos y condenan a 800.000 personas por su participación directa en matanzas y violaciones.
En el plano internacional, las Naciones Unidas se esfuerzan por calificar la naturaleza de las matanzas mediante la creación del Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR), cuya sede está situada en Arusha (Tanzania). En los diferentes juicios que lleva a cabo el TPIR, se da prioridad a los instigadores del genocidio procedentes tanto de las esferas políticas como militares, religiosas y mediáticas.

Como muchos criminales huyeron al extranjero durante la debacle de los hutus, el mecanismo de "jurisdicción universal" también lleva a que algunos estados, especialmente en Europa, juzguen a presuntos criminales.