Memoria y justicia

Para suplir la falta de recursos humanos y materiales, el nuevo gobierno comienza a construir un nuevo sistema judicial capaz de manejar un número exponencial de arrestos que alimentan una corriente inigualable de presos amontonados en los centros de detención. La imposibilidad material de juzgar individualmente a una masa tan importante de sospechosos lleva a los dirigentes rwandeses a instaurar, a partir de 2001, tribunales populares de inspiración tradicional, gacaca.
Estos tribunales de proximidad administrados por jueces elegidos en sus comunidades instruyen, en 10 años, cerca de 2 millones de expedientes y condenan a 800.000 personas por su participación directa en los asesinatos y las violaciones.
En el plano internacional, las Naciones Unidas están tratando de definir la naturaleza de las matanzas mediante el establecimiento del Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR), con sede en Arusha, Tanzanía. En los diferentes juicios que lleva a cabo el TPIR se da prioridad a los instigadores del genocidio procedentes tanto de esferas políticas como militares, religiosas y mediáticas.

Un gran número de criminales que huyeron al extranjero en el momento del desastre hutu, el mecanismo de la "jurisdicción universal" lleva también a cierto número de Estados, especialmente en Europa, a juzgar a los presuntos criminales.